En 2018, los titulares anunciaron que un gigantesco centro de datos eólico para computación blockchain, que combina energía renovable con finanzas de última generación, estaba a punto de surgir de las arenas cerca de Dajla, en el Sáhara Occidental ocupado.

El proyecto, liderado por la empresa estadounidense Soluna Technologies y respaldado por la firma de capital privado Brookstone Partners, se había asociado con el Estado marroquí para desarrollar un parque eólico de 900 MW, denominado "Harmattan Wind". Lanzado con gran bombo y platillo, los promotores demostraron un total desprecio por los derechos del pueblo saharaui, que vive bajo la ocupación ilegal y brutal de Marruecos.

La empresa certificadora DNV GL se retiró del proyecto debido a la controversia.

Desde entonces, sin embargo, la iniciativa, antes ampliamente promocionada, ha permanecido notablemente silenciosa.

Una página web aparentemente obsoleta del Ministerio de Transición Energética de Marruecos aún afirma que los primeros 100 MW de la capacidad prevista de 900 MW entrarían en funcionamiento en 2023. Sin embargo, ese hito ha pasado sin que se observen indicios de progreso.

El Centro Regional de Inversiones Dakhla - Oued Eddahab del Gobierno marroquí sigue presentando el proyecto como plenamente activo. Su sitio web [descargar] presenta el parque eólico como una inversión estratégica de alto perfil: una instalación de 900 MW desarrollada por Soluna a través de su filial local, A.M. Wind, destinada a alimentar un centro de datos blockchain. La inversión declarada asciende a 5.600 millones de dirhams (aproximadamente 500 millones de euros).

Según el sitio web, ya se ha asignado un dominio privado estatal al proyecto, ubicado a 45 kilómetros al noreste de Dajla, cerca de la carretera N1. El parque eólico abarcaría dos grandes zonas. La franja norte, que abarca 6.656 hectáreas, está definida por las coordenadas entre 24°03’30”N y 24°10’00”N, y entre 15°30’13”O y 15°25’14”O. Ocho kilómetros más al sur se encuentra la franja sur, de 4.657 hectáreas, entre 23°57’50”N y 24°02’50”N y 15°37’36”O y 15°39’54”O. En total, se prevé que el emplazamiento albergue 180 aerogeneradores.

Western Sahara Resource Watch (WSRW) desconoce por qué ambos emplazamientos, principalmente el del sur, se superponen con las aguas del Sáhara Occidental, según estas coordenadas. No existen referencias en ninguna fuente pública que indiquen que el controvertido parque eólico se encuentre parcialmente en alta mar. El mapa anterior fue elaborado por WSRW en base a las geolocalizaciones citadas por las autoridades marroquíes.

Según el centro de inversiones, se espera que el primer tramo de 350 MW se construya en un plazo de tres años tras obtener los permisos necesarios.

Pero sobre el terreno, nada de esto se ha materializado. No se ha iniciado la construcción. No se han instalado turbinas. No existe ningún centro de datos. Lo que se anunció como la primera instalación de computación blockchain verde a gran escala de Marruecos, y de África, sigue siendo pura teoría.

La narrativa de Marruecos vs. la realidad de Soluna

Si bien el Gobierno marroquí sigue presentando el proyecto como un éxito económico y tecnológico, la situación financiera de Soluna presenta un panorama bien diferente.

Soluna Technologies, la empresa que originalmente impulsó el proyecto, ha experimentado una importante reestructuración. En 2021, escindió su división de desarrollo energético bajo el nuevo nombre de Harmattan Energy, distanciándose de la filial estadounidense que cotiza en bolsa, Soluna Holdings, Inc. Harmattan Energy mantuvo el control del parque eólico de Dajla.

Desde entonces, Soluna Holdings ha entrado en un declive financiero constante. En 2023, Le Desk informó que la valoración de mercado de la empresa se había desplomado de más de 200 millones de dólares a menos de 5 millones. En mayo de 2025, Nasdaq advirtió formalmente a la empresa que corría el riesgo de ser excluida de la bolsa, al no haber mantenido el precio mínimo de 1 dólar por acción durante más de 30 días hábiles consecutivos. Soluna ahora tiene como fecha límite noviembre de 2025 para volver a cumplir con las normas o enfrentarse a su expulsión de la bolsa.

El colapso de la empresa parece ser consecuencia de años de mala gestión financiera y extralimitación. Una investigación de Le Desk de 2020 describió las tácticas de recaudación de fondos de Soluna como similares a un esquema Ponzi. Según informes, falseó su estatus regulatorio en Marruecos para asegurar inversiones tempranas, alegando aprobaciones de Rabat que, en ese momento, no se habían concedido.

Para 2020, Soluna había acumulado casi un millón de dólares en deudas impagadas a consultores, bufetes de abogados y contratistas, incluyendo 150.000 dólares adeudados al exembajador estadounidense Dwight L. Bush por labores de lobbying. Los registros financieros también revelaron compromisos clave con sus primeros socios del proyecto que aún no se habían cumplido. La firma alemana Altus AG, que originalmente desarrolló el sitio a través de su filial A.M. Wind, aún debía 200.000 euros, con 8 millones de euros adicionales en pagos de hitos pendientes.

Los problemas financieros de Soluna no se reflejan automáticamente en la situación financiera de Harmattan Energy. Harmattan Energy es una empresa privada y, como tal, no publica información financiera. Sin embargo, no tiene sitio web, no ha proporcionado actualizaciones desde 2021 y no ha emitido ningún informe a inversores ni sobre el estado del proyecto.

A pesar de estas señales de alerta, las autoridades marroquíes siguen considerando el parque eólico de Dajla entre sus proyectos emblemáticos. Sin embargo, no hay indicios de que se haya cumplido, ni siquiera iniciado, ninguno de los hitos mencionados, desde el desembolso de la inversión hasta la construcción. Ni Harmattan Energy ni Soluna Holdings han proporcionado información pública actualizada sobre el proyecto en más de dos años.

¿Por qué el silencio?

La insistencia del Gobierno marroquí en promover el proyecto de Dajla, a pesar de la creciente evidencia de que, como mínimo, está estancado, probablemente tenga más que ver con cuestiones políticas que económicas.

El parque eólico proyectado se ubica en el Sáhara Occidental, un territorio reconocido por las Naciones Unidas como no autónomo, a la espera de la conclusión del proceso de descolonización. Las reivindicaciones de soberanía de Marruecos sobre el territorio han sido rechazadas por la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario, no ha dado su consentimiento a este ni a ningún otro proyecto de infraestructura liderado por Marruecos en su territorio.

Según el derecho internacional, los recursos de los territorios no autónomos no pueden explotarse sin el consentimiento de su pueblo. Cualquier proyecto de infraestructura en el Sáhara Occidental que se lleve a cabo sin este consentimiento corre el riesgo de consolidar aún más la ocupación ilegal de Marruecos y de violar las normas jurídicas internacionales.

En los últimos años, Rabat ha recurrido cada vez más a iniciativas de energía verde (parques solares, proyectos eólicos, planes de hidrógeno verde) para presentar su insostenible control sobre el Sáhara Occidental como progresista y con visión de futuro. Sin embargo, estas inversiones solo sirven para normalizar la ocupación y dificultar los esfuerzos para alcanzar una solución justa y duradera a través del proceso de paz de la ONU.

Avanzar requiere rendición de cuentas

“Si el Gobierno marroquí, Soluna, Harmattan Energy o cualquier futuro inversor pretenden seguir adelante con el proyecto de Dajla, primero deben cumplir una condición legal y ética fundamental: obtener el consentimiento del pueblo saharaui. También deben revelar la situación financiera, legal y regulatoria completa del proyecto y comprometerse con las normas internacionales aplicables a los territorios no autónomos”, afirma Sara Eyckmans, de Western Sahara Resource Watch. “Hasta entonces, la granja de bitcoin de Dajla parece seguir siendo un espejismo: una advertencia sobre el lavado de imagen verde y el apoyo a una ocupación”.

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